El MDyC se opone al reconocimiento extrajudicial de deuda de Amgevicesa de más de medio millón de euros por una "gestión negligente"

• 

  Los localistas se plantean la posibilidad de llevar el caso al Juzgado e insisten en que las empresas "no tienen por qué pagar las consecuencias de una mala gestión". “Comprendemos que las empresas han prestado un servicio que tienen que cobrar, pero eso no exime a los responsables de su mala gestión”, añaden

  
  

El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha asistido en la mañana de este viernes al Consejo de Administración de Amgevicesa en el que se ha sometido a votación un reconocimiento extrajudicial de deuda de los contratos de instalación de tres aparcamientos por 548.977,14 euros. Se tratan de los aparcamientos de los Jardines del Capitán Ramos, Manzana del Revellín y Gran Vía.

Los localistas han votado en contra de este reconocimiento extrajudicial de deuda por más de medio millón de euros y lo califican de "gestión negligente". “No nos pueden hacer sentir culpables a los miembros del Consejo de Administración por votar en contra de esta gestión negligente, los culpables de que se paralicen los servicios son los responsables”.“Hasta los técnicos y el propio gerente del Consejo de Administración aseguran que se ha hecho mal”, añaden. 

Se trata de contratos tramitados desde el 2022 con procedimientos cuestionados y puestos en tela de juicio por quien fuera secretaria del Consejo de Administración, así como por parte del anterior interventor. 

De hecho, en junio de 2025 ya se emitía un informe jurídico exponiendo las deficiencias que presenta el expediente de contratación, que señalaba literalmente que “carecía del documento de inicio de expediente, de justificación de la elección del procedimiento elegido y que no se había aprobado el expediente de contratación, ni los pliegos correspondientes, así como carecían de la cuantía del gasto ni tampoco se había procedido a la adjudicación del contrato por parte del Consejo de Administración”. 

Desde el MDyC denuncian que "no hay ni un contrato bien hecho" y quieren poner de manifiesto que "las empresas no tienen por qué pagar las consecuencia de una mala gestión". “Comprendemos que las empresas han prestado un servicio que tienen que cobrar, pero eso no exime a los responsables de su mala gestión”, añaden.

La formación también critica que no se haya decretado previamente la nulidad de los contratos y se plantean la posibilidad de llevar el caso a los Juzgados.